Una débil e irresponsable política exterior
Fernando Ochoa Antich
Al escoger Nicolás Maduro el 4 de febrero, como fecha para lanzar su candidatura, lo único que busca es aprovecharse de una ilusión popular, actualmente desvanecida en medio del hambre y la escasez, producto de la criminal felonía de Hugo Chávez. El intento de golpe militar produjo injustamente la muerte de treinta y cuatro jóvenes venezolanos e interrumpió un trascendente proceso de institucionalización democrática que había garantizado, pacífica y electoral, la alternancia en el poder de seis gobiernos de distintos signos ideológicos. Los cuarenta años de democracia civil habían impulsado un importante proceso de desarrollo, el cual se interrumpió por una fuerte caída de los precios petroleros. En consecuencia, el presidente Carlos Andrés Pérez estaba conduciendo un proyecto de ajuste económico, orientado por una marcada tendencia a la privatización y al fortalecimiento de exportaciones no tradicionales, que había garantizado un crecimiento del PIB, por tres años, de más del 8%.
En diciembre de 1998 Hugo Chávez obtuvo el poder democráticamente a través de elecciones libres y trasparentes, dando inicio a estos dieciocho años de terrible caos nacional que él mismo bautizó como Revolución Bolivariana. La abrumadora campaña de propaganda del régimen y las brutales y, cada día más graves, limitaciones a la libertad de expresión no han permitido una amplia difusión de la desastrosa gestión de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Creo que es momento de empezar a discutir con propiedad, pero sin apasionamiento, sus equivocadas políticas. En este artículo iniciaré un análisis crítico de un aspecto fundamental de la nefasta gestión chavista-madurista y sus consecuencias: la débil e irresponsable política exterior, profundizada durante el gobierno madurista. El primero, lo dedicaré a señalar los delicados errores cometidos en las relaciones con Guyana. El próximo, lo orientaré a analizar la política internacional con Colombia.
La política exterior de los gobiernos chavista y madurista se sustenta fundamentalmente en valores ideológicos e intereses particulares, obviando los verdaderos intereses nacionales. Esta realidad es lo que explica la absurda alianza de Venezuela con Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua y Bolivia y su enfrentamiento, a nivel de enemigo, con los Estados Unidos, Canadá, Europa y los países democráticos de la América Latina. Esa orientación de nuestra política exterior compromete la relación con el principal socio comercial y natural mercado petrolero de Venezuela y pone en grave riesgo la reclamación del territorio Esequibo y la delimitación de las áreas marinas y submarinas en el golfo de Venezuela. Justamente, esta equivocada política exterior es lo que ha permitido que Guyana radicalice sus posiciones y explica la decisión de Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, de enviar a la Corte Internacional de Justicia la solución de la disputa entre Venezuela y Guyana.
La respuesta del gobierno nacional en su comunicado deja en claro su sorpresa por la decisión del Secretario General de las Naciones Unidas y la rechaza con firmeza. Espero que el canciller Jorge Arreaza y sus asesores hayan analizado a profundidad los argumentos esgrimidos por Venezuela al mantener que: “la comunicación del Secretario General sobrepasa el carácter sucesivo de los medios de solución pacífica que establece el Acuerdo de Ginebra como metodología establecida para alcanzar una solución aceptable, práctica y satisfactoria de la controversia. Durante el año 2017, mantuvo su posición histórica en el proceso de buenos oficios”…De todas maneras, considero que es prudente que Venezuela se prepare jurídicamente para poder enfrentar a Guyana en caso de que surja una controversia judicial. La verdad, la única verdad, es que el actual régimen ha cometido tales errores durante estos dieciocho años de gobierno que exige una alta capacidad diplomática para tratar, en lo posible, de salvaguardar los comprometidos intereses de Venezuela
Voy a enumerar algunos de esos errores para que los venezolanos puedan valorar la inmensa responsabilidad que tendrían Hugo Chávez y Nicolás Maduro si llegase a ocurrir la tragedia de que Venezuela volviese a sufrir un despojo territorial. En septiembre de 2013, Nicolás Maduro hizo una visita oficial a Georgetown. Curiosamente, aceptó esa invitación días después de que el ministro del ambiente de ese país había dado una rueda de prensa en la ciudad de San Diego informando que Guyana había entregado una concesión petrolera a la empresa Anadarko en el bloque Roraima, la cual afecta la fachada Atlántica de la zona de reclamación y la del Estado Delta Amacuro. Durante su visita, en lugar de rechazar el derecho de Guyana a ese espacio marítimo venezolano, guardó un sorprendente silencio, que puede haber producido un Stoppel de aquiescencia, que podría ser utilizado por Guyana para comprometer gravemente nuestra reclamación.
No satisfecho con esta muestra de absoluta debilidad, en la rueda de prensa que ofreció después de la lectura del comunicado conjunto de los dos gobiernos, declaró irresponsablemente que “recientemente han salido documentos desclasificados de la década del 60, 70 y 80 que demuestran quienes eran los intrigantes que preparaban una guerra con Guyana”, sin valorar que ese planteamiento debilita de tal manera nuestra autoridad moral en las negociaciones que puede comprometer sus resultados. Esa absurda posición coincide con la sostenida por Hugo Chávez cuando se atrevió a decir que la reclamación venezolana se había originado por presión de los Estados Unidos o aquella en la que sostuvo: “el gobierno venezolano no se opondrá a que empresas extranjeras exploren yacimientos petroleros y gasíferos en el disputado territorio, si es en beneficio de sus habitantes”. Definitivamente, una imprudencia criminal en contra del más alto interés nacional. Sólo existe una manera de tipificar esas declaraciones: traición a la Patria.
En el año 2015, Jeffe Simon, gerente de la Exxon, declaró que “su empresa ha decidido invertir 5000 millones de dólares en los pozos Lusa 1 y 2 ubicados en la zona en reclamación”. De inmediato, el ex embajador Emilio Figueredo dio una trascendente declaración en la cual denunció: “Lo que está ocurriendo es grave porque en derecho internacional el que calla otorga y, desgraciadamente, el gobierno ha callado frente a los atropellos y acciones que ha hecho Guyana, hasta el punto de que ha comprometido jurídicamente, casi de manera definitiva, la reclamación del Esequibo. Pero el problema más grave está al oeste del Esequibo, porque Guyana no solamente ha otorgado concesiones en el espacio marítimo de la zona en reclamación sino también en aguas venezolanas, sin que Venezuela proteste”. El silencio mantenido por el gobierno de Maduro sólo indica una perversa complicidad contraria a los intereses de Venezuela, los cuales está obligado a defender y salvaguardar. El general Padrino, el Alto Mando y los cuadros de la Fuerza Armada Nacional deberían reflexionar ante tan comprometedores hechos. La historia no los absolverá por su silencio cómplice ante esta lamentable situación.
Caracas, 4 de febrero de 2018.
fochoaantich@gmail.com.
