Coronel (Ej-Ven)
Manuel A Ledezma Hernández
El
pasado 11 de enero del presente año el actual MPPD firmó el RG Nº 257 en el cual
anula un ‘acto administrativo’ del ejército y emite una orden a toda la Fuerza
Armada Nacional.
Su
facsímil es el siguiente:
Este documento tiene dos lecturas; la que en ella se expresa claramente y la que subyace detrás de su contenido gráfico.
Omitiré la primera
lectura por obvia.
La lectura
subyacente permite interpretar un ‘desacuerdo’ del Ministro de la Defensa con el
oficial general que ha sido el más radical al expresar su apoyo incondicional, y
el de las unidades que ha ‘comandado’, a una persona y no a un País, a una
Constitución; en especial al precepto constitucional: “…esencialmente
profesional, sin militancia política, […] para garantizar la independencia y
soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico,
mediante la defensa militar […]”; y
que: “En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la
Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política
alguna.”
Adicionalmente el Ministro de la Defensa ‘se amarró los pantalones’ y emitió una orden para que los diferentes jerarcas de la FAN se abstengan de emitir actos administrativos alguno sin la debida autorización de él.
Van a surgir voces
desmintiendo este ‘pequeño desacuerdo o malentendido’, eso ya es normal en estas
situaciones, pero me llama la atención que se anule una Directiva emitida por el
Comandante General del Ejército en forma tan explícita cuando pudo ser hecha de
forma general refiriéndose a cualquier
disposición al respecto, como efectivamente lo hizo en líneas
posteriores.
Adicionalmente el Ministro de la Defensa ‘se amarró los pantalones’ y emitió una orden para que los diferentes jerarcas de la FAN se abstengan de emitir actos administrativos alguno sin la debida autorización de él.
¡Muy bien ciudadano Ministro! Ahora esperamos que usted haga revisar los discriminatorios actos administrativos que ha emitido el Despacho que actualmente administra usted, así como los emitidos por el IPSFA y otras tantas dependencias relacionadas con nuestra seguridad social y que han arrebatado, conculcado, ¡robado!, beneficios sociales que por derecho y por ley nos corresponden a los militares profesionales que nos encontramos en situación de retiro y a los familiares sobrevivientes, situaciones a las cuales usted tampoco escapará por ser ley de los hombres y ley de Dios.
