Gral. (AV) Mariano Jesús Márquez Oropeza
Por estos aciagos días de nuestra trágica situación económica hemos sido sorprendidos por una serie de comentarios inapropiados, acerca de nuestra situación como militares pensionados residenciados en el exterior.
No sin sorpresa, reiteramos, se nos señala de vivir una vida cómoda en el exterior, de desconocer la realidad socio-económica y política de nuestro país al no vivir el día a día de la horrible situación imperante allá y de pretender exigir privilegios excepcionales negados al resto de los venezolanos.
En muchas oportunidades hemos sido testigos de estos comentarios y nuestra actitud sobre el particular siempre ha sido la de entender la falta de comprensión que se posee, acerca de nuestra humillante situación y concederle el crédito de la indulgencia a la fuente de tales criterios. Pero ahora hemos creído conveniente, referirnos a este tema en una especie de autoexamen de nuestra situación, que nos permita, tener elementos para ubicarnos frente a esta visión de una manera objetiva y libre de apasionamientos.
Muchos de nosotros salimos del país hace más de 15 años por razones diferentes de las políticas y otros por la necesidad de buscar una mejor vida para su familia y/o perseguidos por la situación política imperante en Venezuela. Cualquiera que haya sido la causa, lo real es que uno tiene derecho a fijar su residencia donde crea existan las mejores condiciones para la vida y el desarrollo y ello no admite ninguna discusión discriminatoria.
La paradoja de nuestra situación y la que viven nuestros compatriotas en nuestro país, es que allá teniendo, aunque sea escasas y devaluadas por la galopante inflación, disponibilidades de dinero; no se consigue que comprar y ello es sin duda duro de aceptar y soportar. Por otro lado, nosotros que podemos conseguir todo lo necesario para vivir una vida sin mayores limitaciones, pero no contamos ni siquiera con escasas disponibilidades de dinero para comprar y en la mayoría de los casos ni para comprar las medicinas ni pagar los tratamientos médicos para subsistir.
Para ilustrar un poco esta situación, baste preguntar a cualquiera ¿cuál sería su actitud y estatus si de la noche a la mañana el estado dejara de pagarle su pensión? Seguramente contestataria que sería una tragedia o se vería forzado a vivir de la caridad de familiares o amigos; que no podría afrontar el pago de sus más mínimas necesidades y que su vida se transformaría en un caos. Seguro estamos que esa descripción sería insuficiente para describir la atrocidad que significaría vivir una situación como esa.
Ahora bien, entiéndase que los pensionados en el exterior no podemos recibir nuestra pensión por más de tres años, en algunos casos y en los menos desafortunados por más de un año y no tenemos la suerte de contar con familiares que salgan en nuestro apoyo, aunque sea aumentando el agua con que se cuela el café para que alcance para todos. Sencillamente estamos muriendo de hambre y vergüenza, porque el Estado Venezolano , uno de los países más ricos de Latinoamérica sino el más, no puede cumplir con su obligación de pagar las pensiones a sus nacionales en el exterior aunque sea seis meses atrasados o una fracción de ella, cosa que hacen hasta los países más pobres del mundo, como es el caso de Haití hacen regular y puntualmente y que para que ese agobio sea mayor, deba enterarse de que el liderazgo institucional responsable de esta cruel violación de derechos humanos, diga que no puede hacer nada por nosotros y pretenda lavarse las manos .
La siguiente paradoja, tal vez puede arrojar una triste comparación entre una y otra situación: Veamos
Poco a poco, antes del amanecer en Venezuela, una inmensa cantidad de sus ciudadanos no se preparan para una nueva jornada de trabajo; sino para comenzar la absurda y difícil tarea de comprar – si se consiguen – los productos para la alimentación de su familia y /o las medicinas necesarias para curar las cada vez más frecuentes enfermedades tropicales, lo que se traduce en angustia y desesperación.
Poco antes del amanecer, en cualquier parte del mundo, un militar pensionado o Familiar con Derecho a Pensión, después de una de tantas noches de insomnio, se prepara para una vez más verificar si su pensión finalmente ha sido autorizada, para ser transferida al exterior y tener que tropezarse con otra absurda realidad : hace más de una año que no cuenta con los recursos para vivir y tendrá que bajar indignamente su orgullo de anciano, para seguir viviendo de la limosna publica de una ONG u organización local que limitadamente le viene ayudando.
Ambas tragedias son caras de la misma moneda, la incompetencia del Estado Venezolano para cumplir sus obligaciones sociales; pero en ambas la palabra “Tragedia” no puede ser relegada y aparece en cada rincón de la vida diaria. Si bien es trágico para unos “el tener y no poder “para el otro el “no tener y no poder” garantiza una sola cosa: No supervivencia o pobreza extrema en toda la dimensión negativa de la palabra, porque se trata de ancianos que han luchado toda su vida por ganar esa pensión, que ahora algunos tildan de “privilegio inmerecido”.
Ambas tragedias tienen un tronco común y debe ser evaluadas en su exacta y particular dimensión porque
si bien se pudiera señalar que “no tenemos una clara visión de la realidad que se vive e en el país”, tal vez podamos advertir que tampoco se tiene una exacta comprensión del tamaño de la dramática situación que vivimos, los que a duras penas subsistimos en el exterior.
En efecto, muchos han perdido sus casas por las ejecuciones de sus hipotecas, en las cuales pusieron todos los ahorros de su vida al momento de comprarla; otros fueron forzados a abandonar los hogares donde vivían por incumplimiento del pago del alquiler por más de 3 meses y tener que vivir en sótanos o habitaciones alquiladas o de la caridad humillante, que significa recargar sus problemas a familiares o allegados. Ha habido casos documentados donde la Cruz Roja, hospitales y otras organizaciones han socorrido a esas familias ante el tamaño de su desdicha.
Otros muchos no pueden sufragar el gasto de sus medicinas y tratamientos médicos, exigibles por las condiciones de la edad avanzada, el estrés y las limitaciones a diario vividas. Se conoce el caso de que algunos han visto llegar la muerte hartos de la angustia por la larga espera a la que este estado irresponsable y asesino le ha sometido con conocimiento de causa de los daños causados, por no poder costear su tratamiento médico y aun mas, después de su muerte, no poder trasladar sus restos al país, por no contar su familia - ahora abandonada a su suerte - para costear tal traslado.
Muchos, ¡muchísimos!, han tenido que afrontar ejecuciones financieras forzosas de bienes y su historial de crédito, que le permitiría solventar temporalmente su situación, se ha visto reducido a la calificación de “alto riesgo”, con lo cual se le cierra toda posibilidad financiera y tener que declararse en bancarrota, con las nefastas consecuencias que ello contrae. Otros muchos, ¡muchísimos!, no han podido pagar sus facturas de servicios básicos como de electricidad, agua, teléfonos y recolección de basura, sufriendo cortes y teniendo que acudir a programas de beneficencia para, para los cuales la mar de las veces no califica dada su condición migratoria, para recibir algún tipo de ayuda. Otros muchos sencillamente ven destruida su familia y los lazos que los une a ella, ante el descalabro general de todo el andamiaje de soporte y frustración del pensionado. ¿Puede alguien decir que esto es tener un privilegio?
Se llega al extremo de no poder regresar a territorio patrio por no contar con los medios para hacerlo ni mucho menos para recomenzar una vida a tan avanzada edad. Es la trágica situación de no poder vivir ni aquí ni allá: abandonados a su suerte y teniendo que conocer expresiones de sus colegas y hasta del vértice organizacional militar, tales como ... “quien los mando a irse al exterior” ... como si ello fuera un delito castigable con la no aprobación de las divisas para la transferencia de sus pensiones.
Esta sórdida y absurda percepción es usada para la descalificación de los que hartos de la situación, se han atrevido a exigir respuesta de los responsables directos de esta situación y por tal actitud se le endilgan toda clase de epítetos, como si se trata de unos parias a quien hay que castigar por el delito de abandonar su país, por muy diversas razones. “quien los mando a irse al exterior” increpo un alto jerarca militar al dar respuesta a nuestros planteamientos y otros con similar responsabilidad en protegernos socialmente, manifestaron ...” que no podían hacer nada por cuanto tenían las manos atadas” expresiones que hacen crecer la desazón y el desasosiego y la sensación de abandono e impotencia crece cada amanecer, pero crece aún más el deseo de la lucha por el derecho adquirido que no una limosna o privilegio.
La pensión no es un privilegio, es un derecho adquirido y lo menos que se puede exigir es que el estado cumpla con sus obligación legal y moral de hacer que la misma llegue a manos de sus nacionales, sin importar donde estos fijen su residencia y sin otro costo que el de la transferencia de tales recursos.
Amanecerá cada día, después de largas noches de angustia y desesperanza, pero cada día el convencimiento de lo que estamos obligados a hacer, nos impele a seguir elevando y denunciando, a donde haya que llevar nuestra exigencia, el cumplimiento de la obligación que tiene el Estado Venezolano frente a sus connacionales, de hacer llegar a sus manos las pensiones que se ha ganado con el fruto de trabajo, no importa donde estos fijen su residencia. ¡Ya basta de tanta ignominia!
FIMIPEX
