Yo no conspiro, digo la verdad
FERNANDO OCHOA ANTICH
No lo hago ni lo haré nunca por razones de principios. Una conspiración genera una división dentro de la Fuerza Armada, que normalmente conduce a un sangriento enfrentamiento entre compañeros de armas. Lo que hago y seguiré haciendo, es recordar las obligaciones que tiene la Institución Armada. Por esa razón he terminado varios de mis últimos artículos manteniendo que el principal deber de la Fuerza Armada es respetar y hacer respetar la Constitución Nacional.
También he insistido, ante mis compañeros, en la trascendencia que tiene el artículo 328 de la Carta Magna: "La Fuerza Armada Nacional constituye una institución profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar...
Este artículo es la respuesta a un personajillo del oficialismo que me acusó de "llamar abiertamente a un golpe de Estado y a la intervención de la OTAN el próximo 8 de diciembre". En su artículo deja entrever que yo tengo estrechas relaciones con el secretario de Estado norteamericano. En realidad, no lo conozco. Además, no estaría nunca de acuerdo con una invasión a Venezuela. Lo que he hecho siempre es recomendarle a la Fuerza Armada, que preservando su unidad interna, respete la Constitución Nacional y a su vez hagan que se cumpla cabalmente por todos los órganos del Estado. En esa recomendación no se invita a un golpe de Estado. Lo que ocurre, es que el gobierno de Nicolás Maduro ha irrespetado de manera tan flagrante la Carta Magna que ha perdido su legitimidad. Esta realidad, produce un gran temor... Veamos.
Nicolás Maduro era vicepresidente de la República en el momento en que murió Hugo Chávez. Al encargarse de la Presidencia de la República no dejaba de ser vicepresidente, por lo tanto tenía limitado la posibilidad de ser candidato en una elección presidencial según lo establece el artículo 229 de la Constitución Nacional. Una decisión absolutamente írrita del Tribunal Supremo de Justicia permitió que la Asamblea Nacional lo designara Presidente de la República para poder ser candidato. Los venezolanos vimos la causa de ese interés. El abuso del poder fue exagerado y vergonzoso. De todas maneras, las dudas que existen sobre el resultado electoral muestran claramente que, sin ese ventajismo, jamás hubiera podido ni siquiera acercarse a los votos obtenidos por Henrique Capriles. Eso lo conoce perfectamente nuestro pueblo
Después ha surgido el problema de la nacionalidad. Un porcentaje importante de venezolanos cree que Nicolás Maduro es colombiano y no ha habido de su parte un desmentido suficientemente categórico que permita dejar a un lado la duda que existe. Eso no es todo. Hay un problema de suma gravedad. La actitud de Nicolás Maduro en la defensa de la soberanía nacional, ha sido de una debilidad inaceptable Su viaje a Guyana, inmediatamente después de que el ministro del ambiente de ese país había dado una rueda de prensa en la ciudad de San Diego, informando que Guyana había entregado una concesión petrolera a la empresa Anadarko en el bloque Roraima, la cual afecta la fachada Atlántica de la zona de reclamación y la del estado Delta Amacuro, fue totalmente irresponsable. Lo más grave fue guardar silencio...
Los problemas, no son sólo políticos. La situación económica es de tal gravedad que podemos decir, sin exageración alguna, que Venezuela enfrenta un proceso de empobrecimiento casi irreversible. La inflación que golpea el nivel de vida de nuestro pueblo es un problema monetario y de producción, afectado por los desequilibrios fiscales y cambiarios. Se origina en la decisión tomada, desde el año 2005, de transferir reservas internacionales a fondos públicos para gastos extrapresupuestarios y desde el 2010, imprimir billetes en el Banco Central para financiar el déficit fiscal, la crisis de Pdvsa y la quiebra de las empresas nacionalizadas. Esta crisis se ha enfrentado mediante el endeudamiento irresponsable de Venezuela. Esta deuda alcanza a 220.000 millones de dólares. Ningún venezolano, civil o militar, puede estar satisfecho con este desbarajuste.
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