La justicia presidencial
Enrique Prieto Silva
Jueves 25 de octubre de 2012
Hemos dedicado muchos años al estudio e investigación del derecho y la justicia en Venezuela, con énfasis en la justicia militar, tan maltratada, que desde 1998 con la reforma del Código de Justicia Militar, y posteriormente, con su inclusión restringida en la Constitución de 1999 (Art. 261), quedo tan empastelada, que por falta de cultura de los legisladores, fue eliminada la Comisión que venía redactando una moderna normativa jurídica para la atención delictiva y disciplinaria militar, por estar "integrada por escuálidos". Hoy día, no solo la justicia militar, sino todo el sistema judicial es asumido y ejercido por "mandato" presidencial, lo que pone en tela de juicio la profesionalización, la ética y la moral de los jueces venezolanos, confundidos por la presidente del TSJ, quien se declaró ficha activa de la "revolución bolivariana", violando todas las normas éticas que obligan a la independencia e imparcialidad del juez. De mayor gravedad, que el presidente de reelección indefinida, no tiene ni idea de lo que es el Derecho, y ha asumido un rol de pretor caudillesco, que maneja a su antojo todo el mando del Estado en un solo poder.
Casos sobran, donde el menjurje jurídico entablado por "la revolución" no solo marca pauta en nuestro país, sino que lo han exportado a otros países, que lo admiten por el interés crematístico que este gobierno ha instaurado como fórmula para obtener apoyo para el injurioso proceso político, ideado por el "comandante presidente". De los mas recientes, aparece el caso del magistrado Aponte, quien confiesa la adepción de su magistratura al vil y grotesco mandato presidencial. Caso que demostró la incapacidad ética y jurídica del TSJ, en cabeza de Luisa Estela Morales, quien ni siquiera abrió la boca para demostrar su propiedad.
Antes, aparecen casos como el juicio y condena de los comisarios sin pruebas, cuya degradación física de estos injustos presos, no conmueven la fibra humana del presidente y mucho menos la del "caudillo bolivariano". El mismo, que por los hechos de Puente Llaguno se atrevió a calificar de "legítima defensa" la conducta agresiva y violatoria del derecho de sus pistoleros "revolucionarios". El mismo, que por su terca maldad y obcecado poder, condujo a la muerte al ganadero Brito. Juicios amañados que mantienen en el destierro a muchos venezolanos por ejercer el derecho político de opinar y oponerse a la acción de gobierno, o por no estar de acuerdo con la inconstitucionalidad de los actos de Chávez.
Con énfasis nos referirnos, al tal vez mas injusto juicio llevado por este poder judicial envilecido. El caso del juicio con privación de libertad de la Jueza Afiuni, cuyo "delito" fue cumplir con su deber de declarar la libertad y el juicio en libertad del empresario Eligio Cedeño, a quien mantenían encarcelado por mas de dos años sin iniciarse el juicio. Caso sobre el que corren "bolas" sobre la motivación y fundamento del presidente, quien sin ser parte del poder judicial solicitó para la jueza 30 años de prisión. Actitud que pone en tela de juicio la dignidad del presidente y la de los integrantes del Poder Judicial, que de ser verdad el chisme, califica a nuestro sistema jurídico de depravado y perverso. Dos cosas hay que repetirle hasta la saciedad al presidente: Que el "pueblo" no voto por él, por su corazón, sino por miedo al engaño de su soberbia y "malcriadez", y que si se empeña en seguir amargándole la vida a todos los venezolanos, puede salirle otro Chávez que le ponga freno.
