El terror, como política de Estado
Fernando Ochoa Antich
La muy grave e injusta imputación realizada por el Ministerio Público en contra de María Corina Machado, acusándola de una supuesta conspiración, muestra la reincidente decisión del gobierno de Nicolás Maduro de utilizar el terror como método permanente para silenciar cualquier gesto de oposición democrática. Esta realidad debe conocerla la comunidad internacional para no tener duda al calificar el tipo de régimen que existe en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro, igual como lo fue el de Hugo Chávez, en un régimen con una marcada tendencia totalitaria. Lamentablemente, los gobiernos democráticos del mundo sólo ahora han empezado a cambiar de percepción como consecuencia al permanente irrespeto de los derechos humanos por unidades militares y grupos paramilitares en la represión de manifestaciones pacíficas, que se tornaron violentas, en respuesta a estos ataques.
Es de interés, aunque sea someramente, revisar las circunstancias que condujeron a la imputación de la diputada Machado para después analizar las realidades políticas venezolanas. Lo primero a resaltar es la permanente oposición al régimen mantenida por María Corina, con valor y decisión, desde hace varios años, tanto a nivel nacional como internacional. Esa acción la ha transformado en un objetivo permanente del régimen. Una de las maniobras en su contra fue hacer pública por Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, y Ernesto Villegas, ministro de Información, una larga conversación privada con el historiador Germán Carrera Damas, de la cual se tomaron algunas frases para montar un diálogo que pareciera comprometedor. Después, el régimen presentó unos curiosos correos electrónicos, considerados un montaje por Google, para justificar la actuación de la Fiscalía del Ministerio Público
Inicialmente, se planteó la posibilidad de acusarla por un supuesto magnicidio en contra de Nicolás Maduro. Ante la absoluta falta de seriedad de esta acusación y la inexistencia de pruebas consideraron acusarla por conspiración, tratando de vincularla con los acontecimientos violentos del 12 de febrero de este año, olvidando que los dos muertos ocurridos ese día: Basil Da Acosta, opositor al régimen, y Juan Montoya, miembro de un colectivo armado, fueron curiosamente asesinados por un mismo miembro del SEBIN: el comisario, Melvin Collazos, obligando a Nicolás Maduro a destituir al director del SEBIN, general Bernal Martínez. Definitivamente, la actual acusación contra María Corina, las detenciones de Leopoldo López, de los alcaldes Scarano y Ceballos y de los demás presos políticos son actos totalmente arbitrarios que sólo pueden ocurrir en un sistema político, en el cual no existe independencia de los poderes públicos.
El gobierno de Nicolás Maduro está decidido a imponer en Venezuela un régimen contrario a los principios fundamentales establecidos en la Constitución de 1999. En ese esfuerzo el chavismo tiene más de quince años. Si se analizan los artículos 2 y 6, se percibe claramente la violación a los principios del pluralismo político, al querer imponer una hegemonía ideológica, y la alternancia en el poder al modificar, mediante una enmienda constitucional írrita, los artículos 160,192, 174 y 239 para establecer la reelección indefinida. El principio de la independencia de los poderes públicos se viola permanentemente al imponer magistrados, jueces y rectores de los tribunales de la República y del Consejos Nacional Electoral comprometidos con el PSUV. También se irrespeta el artículo 168 que establece a los municipios como la unidad política primaria de la Nación al crear el sistema de comunas.
Si todavía existe alguna duda de las intenciones del chavismo observemos su marcado interés en ideologizar a los cuadros militares violando el artículo 328 constitucional que establece: “la Fuerza Armada Nacional es una institución esencialmente profesional, sin militancia política… en el cumplimiento de sus funciones está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”… Al mantener, como dicen algunos jefes militares, que la Fuerza Armada es chavista se irrumpe el principio del pluralismo político perfilándose una marcada tendencia al partido único. Justamente, esa tendencia totalitaria produce un rechazo por parte de la mayoría de la sociedad venezolana y es la razón que induce al gobierno de Maduro a imponer el terror como política de Estado. Ese es el origen de los presos políticos y fue la causa de la imputación a María Corina Machado. Eso sí, perderán el tiempo. Los venezolanos no nos rendimos...
Caracas, 7 de diciembre de 2014.
@FOchoaAntich.
